El cascabel periodístico

El debate en el Congreso de un futuro estatuto para la profesión periodistica ha provocado reacciones encontradas. Esta misma mañana leo un editorial de ABC en el que se dice que "un proyecto legal de naturaleza totalitaria que aspira a «sovietizar» el ejercicio de la profesión periodística no merece sólo ser reformado profundamente en su tramitación parlamentaria, sino que debe ser rechazado en su totalidad". La verdad es que la regulación del periodismo siempre fue fuente de conflictos y divergencias. Este proyecto, avalado por Izquierda Unida, apuesta por el Consejo Estatal de la Información, un órgano para "promover los derechos a la libertad de expresión e información y, de modo específico, el derecho del público a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto". El organismo recibiría una dotación de los Presupuestos Generales del Estado y estaría compuesto por ocho periodistas, cuatro representantes de las empresas, dos juristas "de reconocido prestigio", cuatro representantes de los sindicatos y otros cuatro de las asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores. Todos ellos deberán ser elegidos por mayoría de dos tercios, la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado. El Consejo actuará en Pleno y en Comisiones. Habrá una Comisión de Acreditaciones -para expedir el carné-, una Deontológica -a la que podrá acudir cualquier particular que considere que alguien ha sido perjudicado por la mala práctica profesional-, y una última de Estudios. El texto prevé también que las Comunidades Autónomas puedan ceder las competencias de este Consejo a un órgano público de la región. El Pleno elaborará informes que remitirá a la presidencia del Congreso y que el presidente del Consejo defenderá ante el Pleno de la Cámara Baja. Las sospechas apuntan a que, vieniendo de donde viene -es decir, de IU- el proyecto contenga un sesgo controlador de los periodistas y por ende de la información que estos generen. El mencionado proyecto de ley señala que el periodista tiene el deber de ofrecer a la sociedad "información veraz de relevancia pública". El texto establece la obligatoriedad de cumplir el Código Deontológico y distingue entre violaciones leves -atribuibles a "descuido o negligencia"- y graves -intencionadas-. Las leves se castigarán con una amonestación privada y las graves, con una pública. "La violación grave reiterada dará lugar a la retirada del carné por un periodo de entre seis meses y dos años", apunta el texto. Cuando se demuestre que la violación grave haya sido "exigida o alentada" por la empresa periodística, ésta será sancionada con una multa del 1% de sus beneficios netos. En caso de reincidencia, la sanción puede elevarse hasta el 10%. Además, en toda redacción en la que trabajen más de ocho periodistas, incluidos colaboradores habituales, habrá de constituirse un Comité de Redacción. Servirá de "cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial" y no asumirá su representación laboral. Los trabajos continúan y los pronunciamientos también. Veremos en qué queda todo esto porque, al fin y al cabo, de lo que se trataba era de ponerle el cascabel al gato. Y el primero en hacerlo ha sido IU.