El extraño caso de los okupas calés de Jun

El granadino de Jun fue el primer municipio europeo en declarar el acceso a Internet un derecho universal de sus ciudadanos. Tras haber logrado en las pasadas elecciones municipales que los partidos políticos eliminaran el papel de sus campañas electorales, sustituyéndolo por el correo electrónico, el ayuntamiento emprendió la iniciativa denominada Policianet. Esta consiste en que sus 2.500 habitantes se conviertan en policías virtuales advirtiendo de todas las posibles incidencias que perciban en su entorno, ya sean relativas al tráfico, como vehículos mal aparcados, o en el aspecto urbanístico, medioambiental, paisajístico, ... Todo esto hacía presagiar que la imagen de la localidad, con una superficie de 3,40 kilómetros cuadrados, distante poco más de dos kilómetros de la capital granadina y que se encuentra limitada al Oeste por el término de Pulianas, al Norte por el de Alfacar, al Este por Viznar y al Sur por la propia Granada, era la de un municipio cuyos habitantes vivían envueltos en la modernidad y alejados de todos esos tópicos que hacen de buena parte de Andalucía exponente de lo que se da en llamar España profunda. El episodio reciente de la ocupación ilegal de 20 viviendas por parte de personas de etnia gitana que llegaron desde barrios marginales de la capital y cuyo desalojo se produjo éste jueves después de que así lo ordenase la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, ha empañado, parcialmente al menos, ese cartel que los juneros podrían tener ante sus compatriotas. A pesar de lo que le ha caído encima y siguiendo a la vanguardia de las nuevas tecnologías, el alcalde, el socialista José Antonio Rodríguez Salas, ha dicho que el futuro de los tres bloques desalojados "se debatirá en un pleno en el que los vecinos de Jun podrán participar con la firma electrónica, en un claro ejemplo de tele-democracia, único en España". El ayuntamiento de Jun compró por un millón de euros dos solares -uno contiguo al consistorio y otro a los bloques- para iniciar la construcción, durante ésta legislatura, de una plaza, nuevas dependencias municipales, un espacio escénico y aparcamientos. El primer edil asegura que aunque el equipo de gobierno municipal "nunca tuvo interés en tirar los edificios", tras lo ocurrido considera necesario adoptar alguna medida "para que no vuelvan a ser ocupados". Pasada la marejada, los interrogantes son muchos: ¿cómo podían estar vacíos tantos pisos de protección oficial o cómo un grupo de familias de un barrio marginal de la capital granadina decidió trasladarse a Jun y expulsar bajo amenazas a los vecinos de todo un bloque de viviendas sin que en ese mismo momento intervinieran las Fuerzas de Seguridad? Y por no comprender, tampoco se entiende cómo otros ocupantes ilegales pudieron encontrarse las puertas abiertas y no tuvieron problema alguno para entrar sin obstáculo alguno a los pisos. Misterios de esta extraña historia de okupas calés.